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Los antecedentes Penales en los Sistemas de Gestión de Riesgos

Los Antecedentes Penales en los Sistemas de Gestión de Riesgos

Extinción de dominio; papelito; Delito de lavado de activos; Delito; Delitos; Proceso penal; Procesos disciplinario; Conocimiento; Revelar información; Lista OFAC; la/ft; Antecedentes penales;
JUANITA OSPINA
Gerente de división Compliance y Anticorrupción

Los antecedentes penales son “datos personales” y como tal se encuentran protegidos por el derecho del habeas data. A grandes rasgos se concluyó que:

– Existen usos legítimos y usos autorizados adscritos a la información propia de los “antecedentes penales” o “antecedentes judiciales”.
– En los restantes casos, se deben tomar medidas para impedir una búsqueda o reproducción indiscriminada por parte de terceros y con fines ilegítimos.
– Transcurrido un tiempo se ha de limitar el acceso a la información y como tal adquiere carácter reservado.
– Finalmente, los sistemas de gestión de riesgos pueden enmarcarse en los fines legítimos que posibilitan el uso de esta información, siempre que no se desdibuje su principal finalidad alineado con las políticas internas de la organización.

 
Se han generado cambios en el alcance y forma en que se presentan los antecedentes penales.

De manera que, se cumpla con los principios de la administración de datos (finalidad, utilidad, necesidad y circulación restringida), se garantice el derecho subjetivo a la supresión relativa de la información personal negativa y a la vez se garantice el derecho al trabajo de los terceros que en momento alguno tuvieron un antecedente, en especial de forma coherente con los principios que rigen el proceso penal y los fines de la pena.

Cuando los antecedentes penales se administraban por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS- y en cumplimiento del Decreto 3738 de 2003 que lo autorizaba a “adoptar el modelo del certificado judicial”, se expidió la resolución 1041 de 2004, en la cual se establecieron las características del certificado judicial en que se definió una leyenda alternativa:

“No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales  o  no es solicitado por autoridad Judicial.”

Conforme a este formato, se advierte que no se tienen asuntos pendientes, y no hace alusión a la existencia o no de antecedentes penales de la persona objeto de consulta. En el año 2008 se modificó esta leyenda y a través de Resolución 1157 de 2008 se definió que la leyenda ahora indicaría:

“No posee antecedentes, pero no es requerido por autoridad judicial.” 

Sin embargo, y como consecuencia de algunos fallos de tutela, en el año 2010 nuevamente se modificó lo anterior y se expidió la resolución 750 de 2010 dejando la siguiente leyenda:

“No registra antecedentes/no es requerido por autoridad judicial.”

En el análisis de constitucionalidad se advirtió que en este caso:

– Con esta Leyenda es posible inferir la existencia de antecedentes penales, correspondiendo a la leyenda “no es requerido por autoridad judicial”.

– Para impedir el acceso indiscriminado, inorgánico y no acorde con una finalidad clara y precisa establecida en la Constitución o la Ley, se ordena a la autoridad encargada de la administración de la base de datos de antecedentes penales (actualmente la Policía Nacional) que al momento de facilitar el acceso a dicha base de datos impida que terceros sin un interés legítimo, previamente definido en la ley, conozca la información.

– Se ordena retomar la práctica propia derivada de la resolución 1157 de 2008, retomando la leyenda: “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.

– Conoce el interés, en casos específicos, para que “algunos particulares precisen tener conocimiento sobre si alguien registra antecedentes penales o no (…)[1]” planteando como ejemplo “el caso de la contratación de profesores o profesoras para un jardín infantil. En estos eventos, el deber de protección de los y las menores aunado a su interés superior, habilitarían a los particulares para exigir información suficiente en relación con la existencia o no de antecedentes penales, sobre todo en materia de violencia intrafamiliar, delitos contra la libertad sexual, etc., en relación con posibles futuros empleados (…)[2]”, situación similar a la que se encuentra inmersa para la gestión de riesgos.

– Reconoce la existencia de posibles excepciones a la limitación en la circulación de la información sobre antecedentes penales que propone la Corte Constitucional.

– Insta al Congreso para que prepare e impulse un proyecto de ley estatutaria en relación con el régimen aplicable a las bases de datos sobre antecedentes penales “que pueda atender de forma comprensiva, los distintos intereses que se dan cita en la actividad de administración de información personal relacionada con antecedentes penales[3]”.

Así, y retomando lo previamente anotado, de acuerdo a los lineamientos internos que se acojan y coherente con la política de gestión de riesgos, la información asociada a antecedentes podrá ser empleada para los procesos de toma de decisiones.

Incluso, transcurrido un tiempo es viable su conocimiento en tanto cuando no se señala la existencia de “antecedentes” se tendrá una leyenda que advierte “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”, información que puede ser objeto de consulta en otras fuentes.

Fuentes:

[1] [2] 3] Sentencia de la Corte Constitucional SU-458 de 21 de junio de 2012 con ponencia de ADRIANA MARIA GUILLÉN ARANGO.

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